Redacción. Zaragoza
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha rechazado que su Departamento haya pretendido asfixiar económicamente a las clínicas abortistas Actur y Almozara de Zaragoza, que hasta el pasado mes de abril realizaban los abortos financiados por la Comunidad autónoma, en cumplimiento de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, Oliván ha afirmado que "en ningún caso nuestra intención es asfixiar a ninguna empresa", tras explicar que el Ejecutivo ha dejado de trabajar con estas dos clínicas porque "son ellas las que han manifestado su intención de no seguir haciéndolo", salvo que atendieran primero a las mujeres y estas, posteriormente, reclamaran el reembolso, algo que "es ilegal".

Ricardo Oliván, en las Cortes.

El consejero de Sanidad ha expuesto que la citada ley obliga a las autoridades sanitarias a asumir de forma directa el coste del aborto en centros públicos o centros privados concertados y, conforme a esta normativa, ambas clínicas están homologadas y han asumido los abortos hasta abril de 2012.

En ese mes, enviaron un escrito "manifestando su intención de dejar de prestar el servicio en las condiciones pactadas" hasta el momento "por la deuda acumulada" por impago por parte del Gobierno, si bien se alcanzó finalmente un acuerdo con un calendario de pagos "para cobrar antes de la fecha prevista de junio", que, no obstante, "se rompió de manera unilateral, y por teléfono" por parte de un representante de la empresa el viernes, 27 de abril, "a lo que continuó un comunicado público el lunes, 30 de abril".

Oliván ha precisado que "muchas empresas aragonesas tienen deudas importantes con la Administración y ninguna ha planteado el tema de esta manera", además de que el Gobierno de Aragón les ofreció, "de manera excepcional, una solución para adelantar una parte importante de la cantidad adeudada", pero "decidieron que no les interesaba".

Ha agregado que "no tengo problema en hablar con ellas", siempre y cuando "nos muestren su voluntad de trabajar con nosotros por escrito y en las condiciones de la ley". También ha relatado las acciones desarrolladas por el Gobierno en la primera semana de mayo para solventar la situación, que han permitido que "ninguna paciente haya visto conculcado su derecho".

Acciones

Oliván ha precisado que, tras la decisión de las clínicas Actur y Almozara, se consultó a los centros públicos aragoneses la posibilidad de hacer allí los abortos, teniendo en cuenta la disponibilidad de personal, las posibles objeciones de conciencia y la presión asistencial, al tiempo que se identificaron los recursos sanitarios privados homologados, "tanto en Aragón como en las Comunidades autónomas próximas". Además, "se recibió una solicitud de homologación de una clínica de Zaragoza", que, "tras comprobar que cumplía los requisitos legales, fue homologada", y donde han sido atendidas ya algunas mujeres, mientras que solo una ha tenido que ser derivada a una clínica de Madrid puesto que superaba las 14 semanas de gestación.

Al respecto, Oliván ha señalado que esta clínica "se encuentra ultimando el proceso de homologación" para realizar abortos a partir de esa semana, para lo que les falta "un equipamiento con el que es obligatorio contar". El consejero ha recalcado que la Administración sanitaria ha actuado "urgentemente" y "en menos de una semana" se consiguió la "normalidad", para indicar que, "salvo una paciente, ninguna superó las 14 semanas de gestación" de forma que "el tratamiento fue idéntico al que se hubiera producido en caso de no haberse producido esta situación". Asimismo, ha dicho que "es voluntad de este Gobierno cumplir la ley, esta y las que vengan", para opinar que "nada hay más serio que el cumplimiento de una ley, nos gusten o no".

Hay trasfondo ideológico, según IU

La diputada de IU, Patricia Luquin, grupo que ha solicitado la comparecencia, ha estimado que "lo que han hecho es una asfixia económica por la vía de los hechos para que no se pudiera realizar la interrupción voluntaria del embarazo en esta Comunidad autónoma" y con la "excusa de que no tienen dinero aplicar una hoja de ruta". Al respecto, ha apuntado que esa "asfixia económica" también ha ocurrido en otras Comunidades autónomas, lo que refleja un "trasfondo ideológico importante" y "un ataque a los derechos de las mujeres", para comentar que el debate ideológico "lo abrió" el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y reivindicar "que se garantice este derecho".

Luquin ha precisado que el Gobierno adeudaba más de 850.000 euros a las clínicas Actur y Almozara, que necesitan "ese dinero para poder seguir prestando el servicio" y ha querido saber si la clínica que lo da ahora lo hace con carácter temporal o no, para preguntar "cuáles son los motivos por los que las clínicas que están acreditadas desde hace tiempo, con personal y recursos suficientes, garantía y seguridad, no van a poder seguir" prestándolo.

Por su parte, el diputado del PSOE, Eduardo Alonso, ha considerado que con lo ocurrido "se ha castigo a las mujeres que han pasado por una situación innecesaria" de incertidumbre, pare expresar que su grupo "quiere que se mantenga ese derecho" y también las clínicas Actur y Almozara, "que cumplían escrupulosamente con los requisitos y garantías" y "trabajan bien". La parlamentaria de CHA, Nieves Ibeas, ha estimado que "la ley está en el aire" tras la intención manifestada por Ruiz-Gallardón de reformarla y ha considerado que el Gobierno de Aragón, por la actitud mantenida, pretende "aguantar el tirón hasta que haya un cambio", para recordar que "este es un derecho demando desde hace tiempo por las mujeres".

El diputado del PAR, Manuel Blasco, ha sostenido que además de cumplir lo que se refiere al aborto en la ley, también se deben atender "las políticas públicas sobre la saludad sexual y reproductiva", políticas "preventivas" que hasta ahora "han resultado poco eficaces" ante el aumento un 50 por ciento del número de abortos en los últimos diez años en España y del 21 por ciento en Aragón. Por su parte, la diputada del PP, Carmen Susín, ha defendido que "se adoptaron con carácter de urgencia todas las decisiones necesarias, garantizando el cumplimiento de la ley", "a pesar de que a ustedes les gustaría tener motivos para decir lo contrario", para entender que "la normalidad está establecida" con la homologación de una clínica en Zaragoza.